Santos con los potentados en el escándalo del Ernesto Cortissoz

La Aeronáutica Civil firmó el contrato de concesión del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, situado en Soledad, Atlántico, con la empresa Aeropuertos del Caribe S.A. (ACSA) con vigencia a 15 años (de 1997 a 2012). Se pactó una contraprestación (que debe pagar ACSA a la Aerocivil) de $9.400 millones de pesos, de los cuales 30% para inversiones del concesionario y 70% para Aerocivil, con incrementos del 15% anual. El Estado solo recibe $14.805 millones en 15 años.

Un documento oficial de la Aeronáutica Civil informa que el concesionario (ACSA) tiene un socio operador español (AENA), que el plan maestro inicial le da muchas libertades al concesionario porque no se determina la calidad de las obras ni el momento exacto. Que hay quejas en el servicio de bomberos, entregados a la concesión; el tráfico internacional cayó, lo mismo que el flujo de caja proyectado; que el aeropuerto estaba sobredimensionado y solo requirió obras de mantenimiento. Concluye que las contraprestaciones fijas durante la vigencia (15 años) no permiten que la Aerocivil participe en el negocio, que existe poca vinculación del capital privado al desarrollo de la infraestructura (los concesionarios) porque las inversiones se efectúan con cargo al 30% de las contraprestaciones pactadas. Se trata pues de un contrato leonino.

Santiago Castro, director de la Aerocivil, en una denuncia contra un fallo de tutela que ordena mantener la concesión, detalla que los ingresos de ACSA en el último año llegaron a 39 mil millones de pesos, lo cual contrasta con las contraprestaciones que recibe el Estado, 14.805 millones en 15 años (El Heraldo, 18 de enero de 2012).

COMPOSICIÓN ACCIONARIA Y DIRECTIVAS DE ACSA

La Junta Directiva de ACSA tiene cinco miembros principales y cinco suplentes. El accionista mayoritario es Aeropuerto de Barranquilla S.A., del cual hacen parte grandes empresas como Promigas, Cementos Argos, Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB), Gases del Caribe, Terpel, Fenalco, Anato, Comité Intergremial, etc. El accionista minoritario es AENA, socio español. El poder lo concentra un comité ejecutivo de tres miembros, a saber: Luis Fernando Castro, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla; Fernando Arteta García, gerente de la Sociedad Portuaria (SPRB) y un delegado del socio español AENA. Un análisis dado a conocer por el periodista Jorge Cura estima que Luis Fernando Castro, que ingresó a mediados de 2008 a la Cámara de Comercio de Barranquilla, ha recibido en ese lapso en solo honorarios unos 600 millones de pesos. La Junta Directiva se reúne de 6 a 10 veces al año y, al menos, una vez en España, ganando jugosos viáticos tasados en euros, tiquetes aéreos en primera clase y toda clase de privilegios.

PRESIONES PARA PRORROGAR EL CONTRATO

Como la concesión se vence el 28 de febrero de 2012, ACSA y los potentados que medran a su alrededor orquestaron una campaña para imponer la prórroga de la misma. El 2 de septiembre de 2006 ACSA manifestó su interés en que se ampliara el contrato. Aerocivil requirió al concesionario el Plan Maestro Aeroportuario para el periodo 2009-2028 en comunicación del 31 de octubre de 2006. El 10 de febrero de 2009 ACSA remitió a la Aerocivil el Plan Maestro. El 27 de octubre de 2009, Aerocivil y ACSA, a través de un Memorando de Entendimiento establecieron un procedimiento que permitiera a Aerocivil evaluar la posibilidad de la prórroga, para lo cual acordaron que se apoyarían en un asesor técnico

En ese orden de ideas se contrató como asesores a Juan Carlos Echeverri (hoy Minhacienda) y a Bruce Mac Máster (hoy alto consejero de Santos), quienes se apoyaron en una banca de inversión y una firma de ingeniería. El concepto definitivo fue entregado el 18 de junio de 2010, el cual concluye: “Partiendo de que no es viable una contraprestación negativa donde Aerocivil aporte recursos al concesionario, no existen combinaciones viables bajo el plazo máximo que permita la ejecución de la totalidad de las obras del plan de modernización y expansión”, situación esta que desmotiva a la Aerocivil y torna inconveniente pactar la prórroga en cuestión.

A su vez, la Contraloría General a través de oficios de mayo 8 y junio 2 de 2010 advierte sobre un eventual detrimento del patrimonio público en caso de lograr un eventual acuerdo de prórroga, circunstancias que hacen inconveniente para la Aerocivil la aceptación de la solicitud de prórroga de ACSA. Así las cosas, Aerocivil expide la Resolución 03242 de junio de 2010 en la que declara concluido el procedimiento del Memorando de Entendimiento con ACSA, niega la solicitud de prórroga y notifica al representante legal de la empresa, advirtiéndole que contra la resolución procede el recurso de reposición. ACSA hace uso del recurso y Aerocivil por Resolución 04415 del 6 de septiembre de 2010 confirma la anterior y vuelve a negar la prórroga.

El jurista Renzo Efraín Montalvo Jiménez ha impetrado un control de advertencia ciudadana enviado al presidente Juan Manuel Santos, al Procurador General, a la Contralora General, al Ministro de Transporte y al director de Aerocivil, concluyendo que “no existe la más mínima posibilidad de que la administración central puede modificar o revocar la decisión de no prorrogar el contrato de la referencia, por la sencilla razón de que no existe hipótesis normativa que permita tal desviación”. La decisión de no prorrogar el contrato de concesión se encuentra en firme y ejecutoriado y contra la misma no cabe recurso alguno, habiéndose agotado la vía gubernativa

SANTOS METE LA MANO A FAVOR DE LOS POTENTADOS

Ahora resulta que el 12 de enero de 2012 en una reunión del presidente Juan Manuel Santos con el ministro de Transporte Germán Cardona, el director de Aerocivil Santiago Castro y a la que fue invitado el inefable Luis Fernando Castro, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, socio de ACSA, se decidió echar por la borda la decisión de Aerocivil de no prorrogar el contrato de concesión, y en una actuación política decide el presidente que ACSA siga manejando el aeropuerto Ernesto Cortissoz por el tiempo que se requiera para adjudicar una nueva licitación (unos dos años), burlándose del orden jurídico, del Estado Social de Derecho, de los interese de la región, del Área Metropolitana de Barranquilla y del municipio de Soledad, donde está ubicado el aeropuerto, y todo esto con el visto bueno del gobernador del Atlántico, José Antonio Segebre, y de la alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera.

Queda confirmado de nuevo que el gobierno nacional representa intereses plutocráticos, de los grandes potentados; y en el caso presente se pone al lado de los cacaos, de las grandes empresas nacionales y extranjeras que se embolsillan exorbitantes utilidades, como ha quedado demostrado en este nuevo escándalo. Las fuerzas vivas de la región y del país tienen aquí un maestro por ejemplo negativo, de cómo no actuar, por lo que se hace necesario un replanteamiento a fondo en el que primen los intereses de las mayorías de la población y avancemos hacia una verdadera democracia.