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Santos pretende imponer el derecho privado en los contratos de salud y liquidar el FOMAG y la Previsora

Tribuna Magisterial, Bogotá, septiembre 15 de 2016

La lucha por dignificar la salud es una de las tareas más importantes y urgentes que tenemos los maestros colombianos, dado el gravísimo deterioro en la prestación de los servicios, imputable al Gobierno Nacional, que además de tener la obligación constitucional y legal de velar por la salud y vida de los colombianos, es la parte contratante y, por supuesto, de los contratistas, la otra parte en esta ecuación de sistemática negación de un derecho fundamental.

El Gobierno Santos adelanta una campaña, que ha arreciado en los últimos meses, para presentarse como el paladín de la salud del magisterio. No hay entrevista ni reunión en la que, por intermedio de los altos funcionarios del Ministerio de Educación, no se desgarre las vestiduras clamando su preocupación para tratar de ocultar su responsabilidad en la crisis actual, en la premeditada táctica de dilación en el proceso y en la pretensión de que los nuevos contratos estén bajo el derecho privado establecido en los códigos civil y de comercio, lo que además de sustraerlos de la ley 80 de 1993, limitaría aún más los controles y sanciones que hay para los contratistas y los niega de plano para el Estado, en consonancia con la política que se viene aplicando en la mayoría de la contratación estatal y que, para solamente mostrar algo del sector, viene sucediendo con el Fondo de Infraestructura Educativa. Además, persiste en negar el carácter que la ley 91 de 1989 le dio al FOMAG como una cuenta especial de la Nación para convertirlo en un “patrimonio autónomo o separado”.

El Gobierno usa recursos de salud para pagar pensiones, llegando al extremo de utilizar parte de la cotización de salud de los pensionados para pagar sus propias mesadas, con el objeto de reducir los desembolsos que legalmente le debe hacer al FOMAG por cuenta del pasivo prestacional, tal como lo demuestra la partida de transferencias establecida en el Presupuesto General de la Nación de 5,5% (inferior a la inflación proyectada en ese mismo proyecto para 2016) destinada a la universidades y el FOMAG.

Todo ello en el marco general de la política de salud oficial donde, como lo señala el senador Robledo, “la base del desastre es la Ley 100/93, que convierte en ganancias de las EPS lo que debería ir a médicos, medicamentos y procedimientos y sus gerentes tienen como primer deber, no la salud de las personas, sino las ganancias de sus accionistas. Detallé cómo de lo peor de la Ley son sus criterios y normas como para ángeles, que le impiden al Estado controlar y facilitan robarse la plata de la salud. Y rechacé que Alejandro Gaviria no hubiera cerrado el boquete del saqueo de los recursos con el pretexto de su administración, a pesar de lo ordenado por la Ley 1438 de 2011 y por la Corte Constitucional”.

En la carta que le dirigió el Viceministro de Educación al Ministro de Hacienda pidió que “adopte las medidas necesarias para trasladar la administración de los recursos del FOMAG a una entidad financiera que tenga competencia e idoneidad para sacar adelante este tema”, es decir, que le quite a la Previsora, que es una entidad pública, el encargo fiduciario que tiene en razón a cumplir los requisitos establecidos en la ley 91 de 1989. No sorprende esa solicitud de golpear a la Previsora, de hecho el Gobierno Nacional puso a esa entidad en la lista de empresas públicas a ser feriadas para mayores ganancias del capital financiero, tal como sucedió con ISAGEN.

El Artículo 3 de la ley 91 creó “el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital”. Lo que se solicita a sí mismo el Gobierno es “incorporar dentro de un proyecto normativo las modificaciones propuestas al Artículo 3 de la ley 91 de 1989”. En síntesis, acabar con el fondo y los derechos de los maestros.

Exigimos salud digna para los maestros y sus familias, rechazamos la contratación con derecho privado, nos oponemos a la destrucción del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y a la venta de la PREVISORA y llamamos al magisterio a la unidad y a la lucha.

Reiteramos nuestra decisión de impulsar activamente a nivel nacional el Voto por el SI, en el plebiscito refrendatorio. Ratificamos nuestra oposición al gobierno de Juan Manuel Santos y rechazamos su política económica, social y educativa.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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