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¿Se nos viene una inundación de etanol gringo?

Juan Pablo Fernández, La Silla Vacia, junio 13 de 2016

Estados Unidos se ha convertido en la principal potencia global del etanol. ¿Cómo lo logró? Con un poderoso respaldo de su gigantesco Estado. Veamos. Al inicio del Siglo XXI, la producción norteamericana del carburante a base de maíz sumaba 1.622 millones de galones, 91 por ciento más que en 1990. En 2015 llegó a 14.810 millones, nueve veces más que en el 2000. Salto cualitativo con el que destronó a Brasil como el rey del etanol, quien pasó a ser el segundo productor y exportador.

Entre 2000 y 2008 el mayor volumen de etanol estadounidense subió gracias al precio del petróleo. Pero en 2007, después de la sanción de la Ley de Seguridad de Independencia Energética, todo el poder del Estado se volcó a aumentar la producción con el fin de reducir la dependencia norteamericana de combustibles importados, en su mayoría traídos de zonas conflictivas. Los Ministerios, allá llamados Departamentos, de Energía, Transporte, Agricultura y la EPA (MinAmbiente) junto con universidades estatales y privadas y la industria automotriz, entre otros, consolidaron uno de los mayores complejos agroindustriales del mundo.

El chorro de subsidios ‒entre 2005 y 2015 sumaron $50.000 millones de dólares‒, hizo rentable un sector que solo se movía al vaivén del precio del petróleo. Si subía, funcionaba; si caía, quebraba. En la actualidad las subvenciones a los productores ‒agricultores y refinadores‒, equivalen al 30 por ciento del precio final al consumidor, apoyos que mueven los beneficios del sector (Ebitda) de negativos a positivos. Una actividad que además, para reducir el valor de la materia prima, es muy activa en la investigación científica. Mientras el presupuesto del Centro de Investigación Biológica y Ambiental sobre etanol del Ministerio de Energía, por ejemplo, vale $612 millones de dólares, el de toda la Universidad Nacional es de $533 millones. Esto sin contar lo que invierten en este rubro otros entes del gobierno federal y universidades como la de Florida, Cornell, Iowa, Kansas, Oregon, etc.

Al gigante, con una producción 122 veces superior a la de aquí, el gobierno Santos le quiere entregar el mercado colombiano de alcohol carburante. Reposa en el despacho del Ministro de Minas, Germán Arce, una resolución para pasar de un mercado que se abre solo cuando la producción nacional no copa la demanda interna a uno sin restricciones. El cambio legal se plantea por las presiones del ejecutivo norteamericano, quien en cabeza del vicepresidente Biden, en septiembre de 2014 remitió una carta al presidente Santos protestando por los mecanismos de protección del alcohol colombiano (http://bit.ly/1qKxi5L).

Dos elementos agravan aún más la intención del gobierno. 1) Nos pone de tú a tú con un país que por los subsidios y su mayor capacidad nacional de competencia, vende a menor precio el carburante ($1,5 versus $2,5 el galón). 2) Si se le da el pase a la decisión, los colombianos vamos a subsidiar al etanol gringo. Aquí por ley este no paga los impuestos que sí se le cobran a la gasolina, entonces, serían más de $100 millones de dólares en regalos a los productores norteamericanos con cargo a los consumidores colombianos. La lógica de Robin Hood, pero al revés.

La mezcla de etanol con gasolina es obligatoria por ley. Es una demanda inducida, ante lo cual reacciona la oferta. Luego en Colombia, una vez consolidada la cadena productiva desde la finca hasta la estación de servicio, se pretende romperla destruyendo sus encademientos productivos y cambiarla de una conformada por cultivadores, refinadores, distribuidores mayoristas y minoristas, a una donde solo operan los dos últimos. Los mayoristas, casí todos multinacionales y con dominio de un agente (Terpel), ejercerán como importadores con el respaldo de los subsidios de los colombianos. Este es el verdadero libre comercio de los TLC, que de libre no tiene nada y donde mediante un comercio administrado, EE.UU. se toma mercados estratégicos.

En riesgo se encuentran los medios de vida de 2,5 millones de personas que dependen de la producción de etanol, azúcar y panela. Sectores con una profunda ligazón y de donde reciben su sustento y medios de acumulación obreros agrícolas, campesinos y empresarios pequeños y medianos (http://bit.ly/1XfFyu6). A nuestro agro se le quiere poner otra fuente de quiebra, sector que ya padece por 25 años de libre comercio y catorce TLC, política que nos tiene importando 11.5 millones de toneladas de productos agropecuarios, ¡2.500 por ciento! más de lo que se traía del extranjero en 1990.

La agroindustria del etanol es fuente de acumulación capitalista. Destruirla agravará los problemas del país y pondrá a operar otro dolarducto por donde se fugará el ahorro nacional. De tomarse la decisión también se le haría perder más de $700 millones de dólares a Ecopetrol, quien está a punto de poner en marcha Bioenergy, refinería de etanol ubicada en los Llanos Orientales. Es momento de que el gobierno, como lo explica el senador Robledo (http://bit.ly/1Rreu2J), aprenda a decir No sir y empiece a defender el interés nacional. Cosa que hará, si por la vía de la lucha democrática y civilizada se le obliga.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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