Sí hay que cambiar el sistema

El punto central es qué se hace de aquí en adelante.

El país no sale de su asombro sobre el escándalo de la salud. Aunque se había anunciado, se había escrito sobre la crisis del sistema, se habían hecho debates en el Congreso, inclusive se había denunciado el crecimiento inusitado de Saludcoop, no vale la pena seguir lamentándose y es mejor dejarles a los entes de control que sigan haciendo su tarea.

El punto central es qué se hace de aquí en adelante. Con gran preocupación se ha escuchado al Ministro de la Protección Social diciendo que el modelo de salud no requiere cambios sino acciones como las que se están tomando. Aunque bien, concebido teóricamente como aseguramiento público, el sistema de salud de competencia regulada supuso dos premisas básicas que no se dieron y que difícilmente se darán: primero, que hubiese competencia y lo que se creó en las narices del Gobierno fue un cartel en Acemi, como lo dijo la Superintendencia de Industria y Comercio, donde las grandes EPS, 14 de ellas, se pusieron de acuerdo para elevar precios de medicamentos y de servicios.

Segundo, los regulados se apoderaron del regulador y hasta allí llegó el control. El Gobierno descansó sobre la información que las EPS le querían suministrar sin que se diera una auditoría por parte del Ministerio. Y como si eso no fuera suficiente, se les pidieron candidatos a las EPS y a los hospitales para formar parte del Consejo Regulador de la Salud, cuando la ley exigía que ese ente de control estuviera conformado por miembros de institutos de investigación independientes. Se liberaron los precios de los medicamentos desde el 2006 y se cometieron toda clase de equivocaciones.

Al contrario de lo que piensa el Minprotección, el país está frente al colapso de un modelo de atención que nunca entendió la salud como derecho, sino como un sistema donde lo que se buscaba era la eficiencia y su sostenibilidad financiera, que, entre otras, no se consiguió. Es decir, la Ley 100 no cumplió con su objetivo de "satisfacer en forma integral y universal el derecho a la salud de todos los colombianos" para ponerlo de forma suave y, además, según el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se considera que la obligación estatal (...) incluye la de "velar por que la privatización del sector de la salud no represente una amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de atención de la salud". Y ese compromiso lo firmó el Gobierno, señor Ministro.

No se trata solo de unos personajes perversos. Se trata de un modelo que permitió que esto sucediera; que de los 38 billones anuales que se le asignan a la salud de 46 millones de colombianos, gracias al modelo y a sus profundas falencias que corresponden a la filosofía de la confianza inversionista, parte de ellos, billones en todo caso, terminaron en Dubái, Suiza, Chile, y quién sabe dónde más, mientras los colombianos se enfrentan a un deficiente sistema de enfermos y no a un esquema que responda por el derecho fundamental de garantizar su derecho a una vida sana.

Claro que hay ladrones, funcionarios sin escrúpulos, ministros irresponsables y presidentes dedicados a la microgerencia que dejaron pasar semejante desfalco, por decir lo menos; pero lo que es innegable es que la operación del sistema lo permitió.

Así los metan a todos en la cárcel, si no se replantea el sistema para que deje de ser un negocio de pocos y responda por el derecho fundamental de la salud, el Gobierno no habrá hecho lo que le manda la Constitución.

Y los colombianos, especialmente, los más pobres, que son el 45 por ciento de la población, además de todas las tragedias que viven, morirán sin conocer una verdadera respuesta a su derecho a la salud.

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