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Siguen muriendo colombianos por desnutrición

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, marzo 7 de 2016

Las denuncias sobre la muerte de 4.770 niños de la etnia Wayú por desnutrición en los últimos ocho años, que coinciden con “el esplendor” de las políticas neoliberales y un gobierno queriendo mostrar un país pujante, en vías al desarrollo, con una economía a plenitud, no es otra cosa que la revelación de que se trata de un modelo económico excluyente, pegado a los cimientos de las transnacionales y de una minoría parasitaria que se han aprovechado de los recursos de la Nación.

Recientemente, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en una conferencia de prensa, reconoció que en 2011 la tasa de mortalidad infantil por desnutrición aguda era de 20 niños por cada 100 mil menores de cinco años. En 2013 ascendió a 32, y en 2015 quedó en 30, con lo cual se está notificando que esta “epidemia” aumentó un 50% en este corto período. El debate tiene una arista, que es la calidad de la información que el Gobierno Nacional está entregando, la cual difiere sustancialmente de las de organizaciones no gubernamentales y de la población, que sufre las consecuencias en carne propia. Realmente la forma de cálculo de los indicadores por las entidades del Estado deja mucho que desear, puesto que hacen es el esfuerzo por mostrarnos una realidad virtual que en la práctica no existe.

La otra arista es que el debate se plantea sobre la muerte por desnutrición infantil exclusivamente en La Guajira y de la etnia Wayú, soslayando las denuncias que indican que no solo afecta a este sector sino a toda la población y en toda la geografía colombiana; con esta táctica han querido sesgar y parcializar la discusión para que no se busquen sus causas más allá de la rechazable corrupción y de las consecuencias del fenómeno del Niño, escondiendo que por las imposiciones del Acuerdo de Washington, Colombia se convirtió en país importador neto de alimentos: Ya no producimos ni el pan-coger, sustituidos por el ingreso al país de casi 11 millones de toneladas de productos alimentarios al año, perdiendo toda nuestra soberanía, mientras las tierras fueron dedicadas a la gran minería –que incluye la utilización de nuestras fuentes de agua– y se entregan a multinacionales para su especulación.

Está claro que los programas asistencialistas son mendrugos que no resuelven el problema de miseria y pobreza de millones de colombianos. Como ejemplo, el artículo de Francisco Torres, Secretario de Relaciones Internacionales de FECODE: “El PAE de Santos, ¿Programa de alimentación escolar?”, deja en evidencia que “el Programa de Alimentación escolar, PAE, del Gobierno del presidente Santos, presupuesta para la alimentación de los 7.698.992 estudiantes, $831 mil millones y con el aporte de las Entidades Territoriales, se acerca a un billón seiscientos mil millones, lo que da un costo promedio por ración complemento de $ 971,oo cada una y ración-almuerzo: $1.320,oo… de esas irrisorias cifras se deben restar los impuestos y las ganancias del contratista.” Con este tipo de macropolíticas seguiremos viendo morir, no solo a niños, sino a ancianos y mendigos que todos los días amanecen sin oportunidad de sobrevivir. Mientras tanto, el Príncipe de Anapoima nos entretiene con: ¡pan y circo!

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