En un contubernio imposible de ocultar, el gobierno de Juan Manuel Santos, las mayorías de la Unidad Nacional en el congreso –con la honrosísima excepción de Polo Democrático, el Mira y de algunos integrantes de los partidos oficialistas– y la mayoría de los indignos magistrados de las altas cortes, han cocinado un acto legislativo que reforma la Constitución Nacional para su exclusivo beneficio. Este acto legislativo es un esperpento que no solo revive la inmunidad parlamentaria y crea una más refinada justicia de bolsillo –patente de corso para la impunidad de los altos dignatarios del Estado–, sino que crea privilegios inaceptables para las altas cortes, que además quedan supeditadas al poder ejecutivo, rompiendo el equilibrio de poderes. De igual manera, da cumplimiento a las exigencias del Banco Mundial y la Asociación de Instituciones Financieras de crear procedimientos expeditos para “proteger” las propiedades de los inversionistas de los grandes monopolios, especialmente los financieros (léase bancos nacionales y extranjeros); este último era el interés y compromiso de fondo del gobierno: la privatización de la justicia, porque además, los demandados pagarán por las decisiones que los confiscan.
El acto legislativo tramitado en el congreso a lo largo de 2 años, es una de las reformas normativas más retardatarias de que se tenga memoria en la reciente historia nacional, como quiera que plasme en la práctica el régimen político y social desigual e inicuo que caracteriza al país, (y que pretenden perpetuar para siempre), sobre todo desde que se le unciera a la aplanadora globalizadora del capital financiero parasitario mundial. Si en el país imperan a sus anchas y sin control los grandes monopolios nacionales y extranjeros con leyes hechas a su medida –financiera, minera, de energía, de servicios públicos, de salud, de comunicaciones, de comercio (TLCs), etc. –, y si ellos con el poder del dinero acumulado a costa de la riqueza nacional y la pobreza de las mayorías, eligen a los parlamentarios, a los diputados, a los concejales, a los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes, con honrosas excepciones, ¿por qué no rodear a sus elegidos de los mismos privilegios que ellos gozan?
Esa es la lógica perversa que se esconde tras esta monstruosa y cínica reforma a la constitución, la violación de uno de los principios torales de cualquier democracia medianamente seria: el principio de igualdad frente a la ley. Principio sin cuya aplicación a raja tabla la democracia pierde su nombre. Mientras impere sin control el poder del dinero, sobre todo el dinero omnipotente del sacrosanto capital financiero que tiene arrodillada a la humanidad entera, a quién amenaza con sumir en la más horrorosa de las crisis con tal de salvarse, no habrá democracia, ni sociedad justa, ni nada.
La reforma debe hundirse totalmente por lo que representa: la antidemocracia. Y la consigna de la sociedad sana debe ser recuperar la soberanía plena sobre la riqueza y el trabajo nacionales, consignando en sus normas supremas los privilegios de esos sectores que son los que en verdad construyen la sociedad.
P.S. ¿Dónde están los congresistas del Huila que no salen a responder por su voto afirmativo a esta reforma?
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