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TARIFAS, SUBSIDIOS CONTRIBUCIONES Y ESTRATOS

1. Nuevas fórmulas para el cálculo de las tarifas. La Ley 142 de 1994, Título I, Capítulo I, artículos 86 y sucesivos, define el régimen tarifario y las fórmulas y prácticas de tarifas que deban aplicarse a los usuarios de los servicios públicos, a fin de garantizar la rentabilidad de las empresas prestadoras de los mismos. Enmarcado en los criterios de eficiencia económica y suficiencia financiera, la Ley pone énfasis en el último criterio a aplicar, de manera tal que los consorcios y multinacionales o el nuevo capital monopólico que va a tomar las empresas de servicios públicos, disponga de un marco jurídico adecuado para proceder a fijar las tarifas de los servicios. Se pretende garantizar el cobro de los costos económicos de prestar el servicio y la demanda de éste.

El artículo 87.4 señala que las fórmulas tarifarias garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios de la operación, incluyendo la expansión, la reposición y el sostenimiento, al igual que permitirá incrementar el patrimonio de los accionistas.

Los artículos 87.2, 87.3, 87.5 y 87.6 definen que habrá simplicidad, transparencia, rentabilidad y crea unos fondos de solidaridad y redistribución, de los que hablaremos más adelante.

De todos los anteriores criterios se tendrán como prioritarios los de eficiencia económica y suficiencia financiera, y si llegare a existir contradicción entre los criterios antes anotados, se privilegia el de suficiencia financiera en la definición de tarifas a los usuarios, para garantizar la adecuada remuneración del capital de los propietarios de las empresas.

El artículo 88 autoriza a las empresas la libertad de tarifas, la libertad regulada o la libertad vigilada, formas que todos los colombianos sabemos conducen a que se establezcan precios por el servicio al usuario, como a las empresas se les venga en gana.

También se autoriza en la Ley a las empresas a cobrar un cargo por unidad de consumo, un cargo fijo, un cargo por aportes de conexión, cargos por reconexión y reinstalación y cargo por mora.

Finalmente toda esta nueva elaboración de fórmulas tarifarias se podrán revalidar cada 5 años o cuando las empresas lo considere conveniente por la ampliación del servicio o el mejoramiento del mismo. Si las inversiones que haga no tienen una tasa de retorno suficiente por la asignación de las nuevas tarifas, también lo podrá hacer. Según la Ley 286 de 1996, las nuevas fórmulas tarifarias deben ser aplicadas a partir de noviembre de 1996 y se tiene como período de transición, para su aplicación a los estratos 1,2,3 el siguiente:

1. Para los servicios de energía eléctrica y gas combustible hasta el 31 de diciembre del año 2000.

2. Para los servicios de agua potable, saneamiento básico y telefonía pública básica conmutada hasta el 31 de diciembre del 2001.

Resumiendo, las nuevas fórmulas tarifarias tienen que garantizar rentabilidad, capitalización, ganancia abundante para los dueños seguramente extranjeros, de las empresas. Allí donde no se garantice rentabilidad, le dejarán a los municipios o a los pobres, organizados en cooperativas, la prestación del servicio.

2. Eliminación de subsidios.

Lo primero que hay que señalar es que la ley determina, de manera progresiva, ir eliminando los subsidios a la población de todo el país y sólo deja un subsidio recortado, al consumo, dependiendo del estrato socioeconómico.

Los subsidios que hoy reciben los usuarios y que no son iguales a los que la Ley 142 determina, los llaman subsidios extralegales y se recortarán dependiendo del servicio y de las decisiones de las Comisiones de Regulación, conduciendo a que solamente se den subsidios al consumo básico o de subsistencia así:

1. Para usuarios de estrato 1 hasta un 50%. 2. Para usuarios de estrato 2 hasta un 40% 3. Para usuarios de estrato 3 hasta un 15%, siempre y cuando la respectiva comisión de regulación lo apruebe.

Se eliminan los subsidios para los demás estratos.

También, se procedió a rebajar los consumos básicos en los diferentes servicios y hace curso, en el Congreso, un proyecto de ley para determinarlos de acuerdo con el clima de la región o la respectiva población.

Para entender estos subsidios se crean los "Fondos de Solidaridad y Redistribución", que se alimentarán con las "contribuciones" del sector residencial 5 y 6, y de la industria y el comercio. Si los recursos no alcanzan, los municipios, de las transferencias que la nación les hace, tendrán que aportar para atender dichos subsidios en los servicios de agua potable, saneamiento básico y aseo. En los demás servicios, los fondos los crea la Nación y los manejan el Ministerio de Minas y de Telecomunicaciones. Es evidente que se frenará la atención a los más pobres y a las zonas más atrasadas del país.

Todo lo anterior significa que, en medio de la profunda crisis económica que atravesamos y de las rebajas en los ingresos de la mayoría de los trabajadores y productores del país, se van a elevar sustancialmente las tarifas; acontecimientos como los de Facatativá, y demás manifestaciones de protesta se generalizarán por todo el país.

3 Contribuciones.

Como el Gobierno nacional, a través del crédito interno y externo y usando las empresas rentables del Estado atendía los subsidios, y por la ley 142 pierde dichos recursos y se descarga, por otro lado, de la tarea de ampliar la cobertura y mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios, para atender a los "más pobres", en el pago del consumo básico crea una serie de contribuciones que se le imponen, a manera de impuesto disfrazado, a los sectores que queden en los estratos 5 y 6 residencial, y a la industria y comercio.

Dichas contribuciones serán así:

1. En energía entre un 20 y 30% más el valor del consumo. 2. En agua potable, saneamiento básico y aseo, entre un 50% y 60% más del valor del consumo.

3. En los servicios de telefonía y gas domiciliario, entre un 5 y 12% más del valor del consumo.

La Ley no distingue, entre los industriales y comerciantes, las diferencias que hay entre los inmensamente grandes y los demás, gravando con esta contribución más a los más débiles. Podemos decir que el Gobierno se quita de sus bolsillos la obligación de atender a los más pobres y le traslada ésta a la población, liberando recursos para atender pago de deuda externa y rebajar el déficit fiscal, dos exigencias de la política de apertura.

4 Estratificación.

A fin de poder implementar las anteriores políticas, este Gobierno y el anterior, determinaron la llamada estratificación de los predios urbanos y rurales del país. Con metodologías traídas del extranjero y decretadas por Planeación Nacional, y con base no en la realidad económica de los usuarios, sino en análisis amañados del entorno urbano, de la fachada de las viviendas, de la zona geoeconómica, y de la unidad agrícola familiar, y sobre la base de unas variables que no consultan el ingreso de los colombianos, se procedió a clasificarnos en estratos. El objetivo es elevar de "categoría" a miles de usuarios para podernos cobrar tarifas más altas. Con el argumento de que "los que más tienen paguen más y los que menos tienen paguen menos", en realidad, nos colocan a todos a pagar más.

Los análisis hechos por las Ligas de Usuarios en todo el Departamento así lo prueban. De un día para otro, y por medio de decretos municipales, se enriquecieron a miles de ciudadanos y se les elevaron las tarifas.

A manera de conclusión podemos señalar que las nuevas fórmulas tarifarias, los subsidios, las contribuciones y la estratificación son una inmensa telaraña armada por el neoliberalismo en el poder, en el país, para exaccionar aún más a todos los sectores de la producción y el trabajo, mientras se llenan los bolsillos del capital extranjero y de los monopolios financieros, quienes serán finalmente los que recojan millones y millones de pesos entre los usuarios de los servicios públicos del país.

¡NO a la estratificación rural y urbana!

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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