Todo tiempo pasado fue mejor aunque no necesariamente bueno

Desde el momento en que comenzó nuestro interés por conocer de los temas del campo en Colombia, en general los analistas coinciden en señalar como una de sus principales trabas para el desarrollo la inequitativa distribución de la tierra, la que concentrada en unas pocas manos está orientada a garantizar poder político y económico a sus propietarios y una inmensa capacidad de especulación con su valor. Enormes predios de suelo de las mejores calidades para la actividad agropecuaria, inexplotadas o en el mejor de los casos dedicada a la ganadería extensiva, es decir al engorde y reproducción vegetativo de unos animales dispersos en los potreros, sin mucha tecnología y menor inversión.

A pesar de la importancia que reviste este tema para el futuro de la Nación, los titulares de prensa dan más cuenta de las dificultades burocráticas que se presentan en la cartera de agricultura y sus institutos descentralizados, que un debate sobre el enfoque de la política para el sector. Porque por supuesto que no es lo mismo una política orientada a mantener la concentración de la tierra en quienes se han apropiado de ella desplazando a otros y ahora destinada a grandes fondos de capital e inversionistas a los que se les ofrece en venta o comodato millones de hectáreas y una cartera llena de exenciones y beneficios adicionales; mientras se pone todo tipo de traba legal, económica y política a los pequeños y medianos productores a quienes se tiene abandonados a su suerte desde que se impuso la pandilla neoliberal que ha gobernado desde 1991.

Es frecuente escuchar que: “todo tiempo pasado fue mejor” y aunque no podríamos afirmar que antes de la apertura económica la política agraria fuera una maravilla que favoreciera su suerte, sin duda podemos señalar que todo lo aprobado desde entonces ha sido peor, pues lo que se pudo construir en institucionalidad, en investigación, transferencia de tecnología, infraestructura, crédito, área sembrada, fue mejor a lo que existe hoy día. Los grandes sacrificados fueron los empresarios agrícolas y los medianos productores que han venido perdiendo sus capitales y se vieron obligados a cambiar de actividad o rentar la tierra y también los pequeños productores que a pesar de la adversidad nos continúan abasteciendo de verduras, legumbres y frutas sacrificando su calidad de vida. Los nueve millones de sacos de café que ya no producen nuestros pequeños cafeteros, la sustitución de productos que en el pasado se cosechaban en nuestras fincas y que ahora se importa como: el maíz, el frijol, la cebada, hortalizas, papa, plátano, frutas, arroz, cacao, constituyen la evidencia más clara del retroceso de la producción agropecuaria que obliga a los habitantes del campo a desplazarse a los centros urbanos a rebuscarse la vida, cuando no es la violencia la que los saca de sus terruños.

Se anuncia para junio la presentación de la nueva ley de “Desarrollo Rural”, sin duda en el transcurrir de estos días, más que la renuncia del director del INCODER, se conocerán los pronunciamientos de las organizaciones que agrupan al espectro de los productores del campo distintos a la SAC, alertando sobre los riesgos que la misma representa para la seguridad alimentaria de los Colombianos y el desarrollo equitativo de los productores.

Si algún dramaturgo, de los que en estos días desfilan en el Festival de teatro en Bogotá se interesa en el tema de la ley de tierras, seguramente encontraría un invaluable material para escribir una tragicomedia o una farsa.