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¡Treinta años después!

José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena, noviembre 16 de 2015

Sí. Tres décadas después, eventos de gran impacto sucedidos en Colombia se mantienen incólumes, como si el tiempo se hubiera estacionado. Con todo tipo de actos, el Gobierno Nacional ha querido conmemorar los “treinta años” de la versión oficial de las denominadas dos peores tragedias de nuestra historia reciente: el 6 y 7 de noviembre de 1985 sucedieron la “toma” y “retoma” del Palacio de Justicia, que dejaron cerca de un centenar de crímenes y un número aún indeterminado de desaparecidos; y el 13 de noviembre del mismo año fue arrasado el municipio tolimense de Armero, que causó cerca de 25 mil muertes.

En ambos casos, cada año se dan los “mea culpa” y las promesas de investigación exhaustivas, pero las víctimas y sus familias, perjudicados por la irresponsabilidad gubernamental, siguen como “rey de burlas” por la manipulación de la justicia, que no permite que esta llegue hasta sus responsables. En el primer caso, el Estado colombiano fue responsabilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y obligado a pedir perdón por “la retoma militar”, a la que calificó de “holocausto y masacre” por la forma como incendiaron el Palacio, dispararon indiscriminadamente y desaparecieron personas. Como es lógico, el organismo internacional también responsabilizó al M19. Hay un tema que la justicia colombiana debe aclarar: el supuesto golpe de estado militar al presidente Belisario Betancourt que ha derivado en la monstruosa impunidad en la investigación de los crímenes.

A finales de 1975 tuve la oportunidad de vivir en Armero, destacada por cultivar algodón –llamada “La Ciudad Blanca”–, arroz, pan-coger y frutos tropicales, además de ganadería. Tenía 40 mil habitantes y estaba en vía de desarrollo, con dos corregimientos cercanos: Lérida y Guayabal. Los habitantes disfrutaban de las aguas del río Lagunilla pero no olvidaban que por él habían bajado avalanchas: en 1595 y 1845, que dejaron más de 1.636 víctimas. Les preocupaba observar desde su altiplano al imponente nevado del Ruiz. Después que terminé labores, regresé a los cinco años a reunirme con mis amistades. ¡Nunca pensé que era la última vez que vería ese lindo pueblo! Tampoco que Lérida y Guayabal se convertirían en el nuevo Armero.

En la madrugada del 14 de noviembre, mis oídos no daban crédito a lo que decía un piloto: “Armero quedó arrasado casi el ciento por ciento”, decía con voz trémula. Viví a dos cuadras del hospital, en la carretera que conduce a Honda, y desde ahí recorrí mentalmente el pueblo; lo que mostraban los medios de comunicación me partieron el alma. Hace cinco años regresé pero encontré “las ruinas de ese gran Armero” convertidas, por obra del libre mercado, en un negocio turístico. Todo el pueblo sabía que algo podía suceder, pero nadie les prestó atención, con excepción de algunos personajes que tampoco fueron escuchados por el gobierno de Belisario Betancourt ni sus antecesores. Expertos y geólogos lo advirtieron con más de un año de anticipación. Hubieran bastado una labor de monitoreo, unas alarmas y un plan de desalojo para salvar a miles de vidas. ¡Estoy seguro: tampoco habrá justicia!

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