Tres graves casos que comprometen a trasnacionales canadienses de la gran minería

Mientras tanto, se activa en Ottawa el TLC Colombia-Canadá. Negocios a cambio de absoluciones en derechos humanos

Me permito expresar mi acuerdo con la proposición presentada por el senador Reyes para que se mire con detenimiento el caso de Ecopetrol y particularmente el de esas inversiones en el exterior, muy curiosas por lo menos. Curiosas, porque la privatización de Ecopetrol se pretende justificar con el argumento de que se necesitaban recursos para buscar petróleo en Colombia y resulta que se fueron a buscarlo a otro lado. Eso requiere del gobierno una explicación de la que no ha sido objeto esta Comisión, porque realmente es muy dudosa la política.

Aprovecho además, señor presidente, para hacer un comentario sobre las grandes trasnacionales de la minería. No sé si ustedes hayan tomado nota, pero se empezó a mover el TLC Colombia-Canadá en el Congreso canadiense, donde llevaba paralizado más de un año por razones de derechos humanos. Y se ha venido moviendo rápido, curiosamente en el mismo momento en que están apareciendo actuaciones muy discutibles, pero muy discutibles de trasnacionales de la minería canadiense en el territorio nacional, en casos en los que es a mi juicio muy extraña la relación entre lo uno y lo otro. Tenemos el caso de Marmato, senador Sierra, que usted y yo conocemos. Una trasnacional canadiense compra más de cien minas de pequeños mineros. Cierra después las minas con el cuento de que iba a empezar una explotación minera grande y eso no sucede, y provoca en Marmato un problema de desempleo y de crisis económica descomunal. Siempre he dicho qué ocurriría si alguien llegara a Bogotá y comprara, no sé, Transmilenio y cerrara los buses y punto, “porque la empresa es mía”. Es lo que ha pasado en Marmato, donde hay una grave crisis y donde además la trasnacional está proponiendo una explotación minera a cielo abierto que incluye tumbar el pueblo: la iglesia, la alcaldía y todo. Necesitan hacerlo, dicen ellos, para sacar el oro del subsuelo del casco urbano.

Tenemos el caso de la Frontino Gold Mines, una empresa que a mi juicio pertenece a los trabajadores y que el gobierno nacional se empeña en venderle a una trasnacional a bajísimo precio, una empresa llamada Medoro Resources, también de origen canadiense. Acaba de producirse un atentado contra un dirigente sindical ahí en esa zona. También hay un problema bien complicado y, curiosamente, aparece una trasnacional canadiense en el asunto. Y leí en la prensa que también otra trasnacional canadiense de la plata y el oro –la Greystar Resources– quiere hacer una explotación muy grande en el Páramo de Santurbán, amenazando las aguas del propio acueducto de Bucaramanga. Y curiosamente, también está avanzando cuando se supone que no debería avanzar, porque más de la mitad de la mina se monta sobre una zona de páramos que se supone ambientalmente protegida.

Entonces a mí sí, y se lo digo con franqueza, senadores, me molesta muchísimo que preciso en el mismo momento en que el gobierno está necesitando ese TLC en Canadá, no en buena medida por razones económicas sino políticas, por la absolución que el Tratado le significa al gobierno del presidente Uribe en derechos humanos, estén apareciendo estas tres situaciones escandalosas que benefician particularmente a trasnacionales canadienses. Hay que poner el ojo sobre esto porque, a mi juicio, lo que está sucediendo es que está haciéndose una permuta entre los grandes inversionistas canadienses y el gobierno colombiano. Los unos quedándose con la plata y el otro consiguiendo una absolución en derechos humanos y en buen trato a los trabajadores, que no debería obtener. Simplemente, llamo la atención y aprovecho para invitar a estar todos pendientes del debate esta tarde de los senadores Mauricio Jaramillo y Guillermo Alfonso Jaramillo sobre el tema que ya tratamos aquí de La Colosa, en el Tolima, un caso que también por cuenta de otra trasnacional, la Anglo Gold Ashanti, amenaza en materia gravísima las aguas de ese departamento.

Para terminar, presidente, propongo que el semestre entrante nos apliquemos muy cuidadosamente a mirar todo esto de la minería, en la que hay problemas muy graves. El daño en la salud de los trabajadores del carbón es espantoso. Hay un gravísimo problema de salud pública. Le van a terminar quedando a este país, nadie sabe cuántos, centenares o miles de trabajadores del carbón lisiados por malas prácticas técnicas en Drummond y en El Cerrejón, porque se ha montado además como una especie de conspiración con las ARP para no atender, como se debiera, a esos compatriotas. Son temas que debiéramos mirar.

* Lo invitamos a escuchar esta intervención haciendo clic en el siguiente vínculo: En Comisión: http://www.moir.org.co/ecrire/uploa...

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LA COLOSA, UN PROYECTO QUE NO CONTRIBUYE POSITIVAMENTE AL DESARROLLO DEL PAÍS

Si hay un gran desastre, la AngloGold Ashanti puede no responder

Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Ambiente sobre la mina de oro La Colosa, citado por los senadores Guillermo Alfonso Jaramillo, del Polo Democrático Alternativo, y Mauricio Jaramillo, del Partido Liberal, plenaria del Senado, 8 de junio de 2010.

El ministro de Ambiente nos asegura que no debemos preocuparnos, porque él y el Ministerio estarán vigilantes. La verdad es que la experiencia dice otra cosa, señor ministro. Primero, porque en el caso de El Quimbo, en el Huila, otro proyecto bien discutible de trasnacionales, no ha debido concederse la licencia ambiental, porque allí había una actividad abiertamente ilegal. Y como si fuera poco, ante la petición de la trasnacional de empeorar las condiciones de Colombia en esa licencia ambiental, sabemos ya que las condiciones se empeoraron. El Ministerio volvió a facilitarle las cosas a la trasnacional en contra del interés de los colombianos. Ahí están las protestas de los ciudadanos del Huila en este sentido.

Con respecto al caso que nos ocupa, también es conocido el maltrato del que han sido víctimas en el departamento del Tolima los funcionarios que han hecho esfuerzos porque este atropello de La Colosa no se concrete. No son menos públicas las expresiones del presidente Uribe en contra de la actividad adelantada por la Procuraduría Ambiental del Tolima y la Corporación Autónoma del Tolima. Vemos al propio jefe del Estado presionando de manera atroz a la directora de CorTolima, la doctora Carmen Sofía Bonilla, como también a la Procuraduría, por oponerse a estos atropellos.

La suspensión del área, señor ministro, se dio en condiciones de ilegalidad. Voy a leer lo que al respecto dijo el doctor Diego Alvarado, procurador judicial ambiental del Tolima, advirtiendo que no se debió hacer lo que ustedes hicieron: “La sustracción del área solicitada por la empresa minera no puede concederse, ni siquiera de manera condicionada, –figura inexistente en la legislación colombiana– porque Cortolima, en el Acuerdo 032 de noviembre 9 de 2006 adoptó en su integridad el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica Mayor del río Coello y en el Acuerdo 026 de noviembre 13 de 2007 determinó el uso del suelo para la misma cuenca hidrográfica, dentro de la cual se encuentran los tres títulos mineros de Anglogold S.A., estableciendo como uso prohibido del suelo labores de minería a cielo abierto, en aluviones o simplemente de minería. Por otra parte, el POT de Cajamarca no contempla la actividad minera dentro de la Zona de Reserva Central.” En resumen, lo que hizo el Ministerio fue abiertamente ilegal, así fuera apenas, como lo manifiesta él mismo, una exploración.

Señalemos de otra parte que mientras que a las trasnacionales se las está cubriendo con todo tipo de garantías –y el senador Mauricio Jaramillo ya mencionó aquí que la AngloGold Ashanti detenta 323 concesiones en 125 municipios y que el país está quedando bajo el control de esa trasnacional, con lo que eso significa para la soberanía nacional–, a los pequeños y medianos mineros colombianos se los viene persiguiendo de manera inmisericorde. Mencionemos un caso a manera de ejemplo, la persecución contra los pequeños mineros de los municipios de Suárez, Buenos Aires y Bolívar, en el departamento del Cauca, donde ya han aparecido bandas criminales a asesinar a pequeños y medianos mineros porque están ejerciendo labores de explotación aurífera que entran en contradicción con los insaciables apetitos de la Anglo Gold Ashanti y de las trasnacionales.

Los riesgos ambientales son supremamente grandes. No soy de los que piensen que no puede haber explotación minera en Colombia, pero hay que ver dónde y cómo se hace. Aquí estamos hablando de montar una minería de cielo abierto en un punto que es algo así como un nudo de aguas del departamento del Tolima, una mina que amenaza en materia gravísima el río Coello, el afluente del que se abastece el Distrito de Riego de Usocoello, en El Espinal, el mayor distrito de riego en Colombia. Hay una contradicción entre minería y agua y agricultura, conflicto, por supuesto, de un alcance enorme. Y cuando uno entra en el debate, el gobierno y la trasnacional se limitan siempre a aducir que no se preocupen, que habrá una licencia ambiental que dará todas las garantías. Pero cuando uno les pregunta: y si llega a suceder el desastre, porque es posible, ¿quién responde? Sólo responden hasta los límites de la licencia ambiental, luego no responden. Es decir, si las cosas a la postre resultan como lo hemos previsto quienes estamos preocupados por el asunto y no de acuerdo con las ideas alegres de la trasnacional, que trata de convencernos de lo que sea porque ese es un negocio, si aparece un imprevisto, algo fuera de cálculo, la trasnacional no responde, porque sólo lo hace hasta el punto de la licencia ambiental. Es un asunto sobre el que los colombianos tienen que hacer conciencia. Si casos como el del Golfo de México, en el que está comprometida la British Petroleum, se juzgaran según la legislación colombiana y el suceso se hubiera dado por un imprevisto no considerado en la licencia ambiental, la BP no habría tenido que responder por los daños que están ocurriendo. Es un tema que nos debiera servir de punto de debate, señor ministro. Usted mismo debía estar encabezando la idea de que aquí no puede haber troneras tan grandes en la legislación, de forma tal que en acontecimientos como el que amenazó el acueducto de Cúcuta, que afortunadamente no pasó a mayores, no hubo quien respondiera, porque no se supo muy bien qué fue lo que pasó, si el tubo se reventó o si fue un atentado.

Cuando uno denuncia todos estos riesgos, le replican ahí mismo, senador Robledo, pero es que viene una montaña de dinero por cuenta de estas explotaciones auríferas. Pues bien, les cuento a los colombianos que la regalía, lo que estrictamente se gana la nación, el valor que se le paga a la nación por ser la dueña del yacimiento, es apenas del 4% del valor total del oro. Luego es más negocio sacarlo, transportarlo, procesarlo, intermediarlo. Todo el mundo gana más plata que la nación colombiana. El total de la regalía, repártase como se reparta, es de apenas del 4%. Si uno cruza ese 4% con los descuentos tributarios que se les dan a esas trasnacionales, resulta que les regalamos el oro. Pero el daño ambiental, los daños a nuestros trabajadores, todas las secuelas negativas derivadas de las explotaciones mineras sí le quedan a la nación como un problema que debe resolver.

Señalemos por último que la vida de Colombia nos demuestra que estas explotaciones mineras no sacan a las gentes de la pobreza. Vayan al Chocó, donde hay extracción minera desde hace siglos, vayan a Zaragoza y a El Bagre y encontrarán niveles de pobreza superiores al promedio del departamento de Antioquia. Luego no es cierto que la explotación que se quiere hacer en la zona de Cajamarca vaya a sacar de pobres a los habitantes de esa población. O quién va a responder por el incremento del salario rural que inevitablemente se producirá, acabando de complicarles las cosas a los habitantes de ese municipio del Tolima.

Todo el negocio minero está generando enfermedad holandesa. Ya dijo el Premio Nobel de Economía, señor Stiglitz, cuando estuvo de visita en Bogotá, que la revaluación estaba destruyendo la producción agropecuaria e industrial. ¿Quién va a responder por esa descomunal destrucción de nuestro aparato productivo? ¿Y para qué quieren esos recursos derivados de la explotación minera? Para darse el lujo de poder destruir la industria y el agro y tener con qué importar de Estados Unidos y Europa lo que podríamos estar produciendo en el territorio nacional.

Luego por donde se miren, estamos hablando de proyectos que no contribuyen positivamente al desarrollo del país, sino que enriquecen en este caso a una trasnacional y por supuesto a unos pocos colombianos que en Colombia se ganan comisiones de éxito, como llaman a esos actos de corrupción para hacer este tipo negocios.

* Lo invitamos a escuchar esta intervención haciendo clic en el siguiente vínculo: http://www.moir.org.co/ecrire/uploa...