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Triple a de Barranquilla en el ojo del huracán

Norman Alarcón Rodas, Barranquilla, julio 14 de 2016

El Concejo Municipal de Barranquilla en el año 1991 decidió liquidar las Empresas Públicas Municipales (EPM) y participar en la creación de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla, empresa de naturaleza mixta que se conocería en adelante como la Triple A. El Acuerdo N° 0023 de 6 de junio de 1991 que le da vida jurídica a la nueva sociedad estipula categóricamente en el artículo quinto numeral d) que la participación accionaria del municipio “no será en ningún caso, superior al 89% ni inferior al 85% del capital social y la participación accionaria del sector privado no podrá ser superior al 15% del capital social”. Según el mismo Acuerdo, el municipio de Barranquilla, que todavía no era distrito especial, tendría la calidad de socio mayoritario con una participación mínima del 85% de las acciones, denominadas de clase A, y los particulares tendrían un máximo del 15% de acciones clase B.

Extrañamente en el año 1996 durante la alcaldía de Edgar George la junta directiva de la Triple A, sin autorización del Concejo, en las sesiones del 19 de septiembre y del 21 de octubre entregaron la mayoría accionaria a la empresa privada Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) constituida el mismo 19 de septiembre de 1996 con un capital de un millón de pesos y que tenía como socios a la multinacional Aguas de Barcelona (51% de acciones) y Fidugan (49%), contraviniendo el Acuerdo 0023 de 1991. Además Inassa quedó como “socio calificado” con acciones clase C (que no los contempla el Acuerdo Municipal) y como operadora la empresa Aguas de Barcelona. En los actuales momentos la matriz empresarial controlante de la Triple A es el Grupo Canal Isabel II de propiedad de la municipalidad de Madrid, España, que se desglosa en Inassa para las empresas que operan en el continente americano y Canal Extensia para las empresas en el país europeo.

Estas denuncias eran de conocimiento público desde hace varios lustros y se debatieron varias veces en el concejo distrital de Barranquilla y en foros ciudadanos. Pero la revista Semana del domingo 10 de julio pasado puso el dedo en la llaga al dar a conocer los encendidos debates que se han suscitado en España en las últimas semanas por cuanto varios altos directivos de la Triple A aparecieron en los Papeles de Panamá con grandes fortunas e inversiones en paraísos fiscales, entre ellos Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y de la junta directiva de la Triple A, que fue destituido fulminantemente hace pocos días, y Ramón Navarro, actual gerente general de la Triple A, quien tiene importantes inversiones en Islas Vírgenes Británicas y que está investigado para, posiblemente, ser despedido. Pero lo más grave de la publicación es que se afirma que las capitalizaciones que los españoles hicieron en la Triple A para quitarle la mayoría accionaria al distrito de Barranquilla fueron “con dineros de la propia empresa”, es decir, de la Triple A que se nutre de las tarifas que pagan los usuarios de Barranquilla y buena parte del Atlántico.

Ante estos nuevos capítulos de las truculentas tretas de inversionistas españoles (seguramente con cómplices criollos) para hacerse ilegalmente al control de empresas estratégicas como la Triple A, cambiar la composición de la junta directiva, resultar con grandes capitales en paraísos fiscales, no se han escuchado las voces de los gobiernos distrital, departamental y nacional en defensa del patrimonio público y del Estado Social de Derecho, por lo que le corresponde a las fuerzas democráticas de la sociedad encauzar las críticas fundamentadas para enderezar los entuertos ocasionados por las políticas globalizadoras que hacen agua en el mundo entero y recuperar la mayoría accionaria de la Triple A para sus verdaderos dueños: la población barranquillera y Atlanaticense.

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