UNA PÉSIMA LEGISLATURA

El signo negativo de las actividades del gobierno y del uribismo en la legislatura que terminó el pasado 20 de junio, amerita hacer un dossier de comentarios sobre su contenido y sus adversas implicaciones para el interés nacional.

Ley de Victimas y el principio de oportunidad La Ley de Victimas buscaba crear mecanismos expeditos y claros de reparación para quienes han sido objeto de agresiones por parte de actores legales e ilegales del conflicto armado que desangra al país. Con una deleznable argumentación fiscalista, el gobierno privó de métodos de resarcimiento a aquellos que han sido sometidos a vejámenes físicos, síquicos, morales y económicos, oponiéndose además a que quienes fueron o fueran objeto de crímenes cometidos por integrantes del Estado tengan derecho a tener algún tipo de reparación previa a la existencia de sentencia judicial. Naciones Unidas calificó al fracaso de la ley como “una ocasión perdida” para avanzar en la compensación de colombianos afectados por el conflicto interno.

Los delitos cometidos por integrantes del Estado revisten mayor gravedad que aquellos de las personas o grupos al margen de la ley. La Constitución y la ley obligan a todo funcionario público a proteger la vida y honra de los ciudadanos y que personas, en forma aislada o mediante la asociación, con tal responsabilidad legal realicen acciones iguales a las de quienes actúan por fuera del derecho, es un hecho además de bochornoso, inaceptable. El hundimiento de la ley reviste mayor gravedad si se observan las conclusiones de la visita de Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias, quien dijo que los mal llamados ‘falsos positivos’ son un “asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes, con fines de beneficio”. Y además concluyó que los crímenes “fueron llevados a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidad significativa de elementos dentro del Ejército”.

A contrario sensu, se aprobó el llamado principio de oportunidad, figura que le entrega a la Fiscalía la posibilidad de decidir si sí inicia o no acción judicial contra el imputado de la comisión de un delito. El de oportunidad es un principio al que el gobierno recurre para beneficiar a los paramilitares, tanto rasos como mandos medios y superiores, y así evitar que sobre ellos recaigan parte o todas las acciones penales originadas por sus crímenes. Cómo lo señaló Iván Cepeda, representante de las víctimas, este principio llevará a la impunidad y es una amnistía. En el pasado el gobierno intentó que fueran juzgados por sedición, tesis que la Corte Suprema no avaló porque la ley así lo establece. Cuan distinto es el comportamiento del gobierno con quienes fungen como víctimas y con quienes son victimarios. El mundo al revés. El garrote para las víctimas y la zanahoria para los victimarios.

La reforma política De la mentada reforma política vale mencionar que allí está contenido uno de los planes alternativos ante el posible fracaso de la segunda reelección de Álvaro Uribe. Se consignó la posibilidad de realizar consultas interpartidistas para elegir entre los partidos uribistas quien sería, de Uribe no lanzarse, su reemplazo. Además la ley permite el transfuguismo partidista entre los distintos sectores del uribismo. Elevó también, a partir de 2014, del 2 al 3 por ciento el umbral para que los partidos tengan personería jurídica, medida antidemocrática pues impide que sectores minoritarios alcancen una curul en el Congreso.

Frente a las promulgadas medidas contra la politiquería, hay que decir que en la reforma no existe nada. Una modificación legislativa tendiente contrarrestar los actos de corrupción electoral o a evitar que expresiones del crimen lleguen a la política debe cambiar sustancialmente el régimen electoral, cosa que la reforma no toca. En alguna ocasión el exprocurador Maya Villazón, señaló que con el Código Electoral vigente no deberían hacerse elecciones, por que con esta normatividad son evidentes las irregularidades las compran antes, durante y después de las elecciones. Sospechoso, por decir lo menos, es que quienes se han beneficiado de prácticas non sanctas en el pasado, todos acérrimos defensores de la reforma política, sean quienes definan las normas que les evitarán continuar en la cumbre del Estado.

TLC con Estados Unidos y más tratados de “libre comercio” Pendientes aprobación en la Cámara quedaron los tratados de Budapest y el de Bruselas (1974) y además, en la Comisión Segunda de Senado se tramita el Tratado sobre el derecho de patentes y el Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Los tres son compromisos adquiridos en el capítulo de propiedad intelectual del TLC con Estados Unidos. Es indigno que el gobierno tramite acuerdos internacionales que según el texto del TLC se deben aprobar una ves entre en vigencia, situación de la cual adolece.

Los tres acuerdos tienden a profundizar el monopolio de las trasnacionales sobre el conocimiento y la tecnología, lo que les significa mayores ganancias y a Estados Unidos mayor progreso científico y tecnológico, en tanto que a los colombianos y al país dicho monopolio les representa mayores precios de los medicamentos y más atraso y estancamiento científico y tecnológico. El de Budapest, por ejemplo, además de permitir el depósito de microorganismos a perpetuidad para proceder a patentarlos y facilitar a las trasnacionales la exportación e importación de microorganismos, facilita la apropiación de la riqueza biológica de los países megadiversos como Colombia.

Se aprobaron además los TLC con Canadá y con Islandia, Noruega y Suiza, acuerdos que profundizan el “libre comercio” en Colombia y con los que el gobierno de Álvaro Uribe busca obtener una absolución por el prontuario en violaciones de derechos humanos que el país tiene en el exterior. El gobierno insiste en la indignidad y el sometimiento como vía para el manejo de las relaciones internacionales. Acuerdos que afortunadamente se encuentran estancados en los parlamentos de las contrapartes, donde decidieron no ratificarlos hasta tanto el gobierno no aclare el cúmulo de denuncias existentes en su contra.

La reforma financiera Más allá de la demagogia que contiene la figura del defensor del cliente, la reforma finaciera implementa los compromisos en materia de apertura del negocio de seguros en el TLC con Estados Unidos y amplia la posibilidad de que los especuladores jueguen con los dineros de los trabajadores. Permite que los fondos de pensiones “inviertan” los dineros de los trabajadores en negocios más riesgosos que los actuales. Encarecerá los créditos del Icetex al autorizarle la emisión bonos que deberán pagar altas rentabilidades para favorecer los intereses de sus futuros tenedores.

La Ley de la Contabilidad Con la “convergencia” hacia las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el gobierno privilegia de nuevo los intereses de las trasnacionales sobre los nacionales, favorece a la evasión tributaria y la corrupción, además afecta a los más de 148 mil contadores públicos, a las pequeñas y medianas empresas. La crisis económica dejó en evidencia lo pernicioso que puede llegar a ser darle libertad total a los tiburones del capitales financiero, quienes se han válido de las NIIF para inflar el valor de los activos u otras medidas que hacen falaces los informes contables, cómo sucedió en el caso de Enron.

Para avalar la ley, se dice que el mundo avanza imparable en el camino de la implementación de los estándares de las NIIF. ¡Falso! En Estados Unidos su adopción no es plena y crece un debate sobre su conveniencia y donde se plantea reversar una parte o todo lo adoptado. En Europa aumentan los cuestionamientos a las normas internacionales y países como España, por ejemplo, las aplican sólo para grandes empresas que cotizan en bolsa, y para el resto de sus empresas, tienen regímenes especiales. La Ley aprobada por el uribismo en el Congreso adolece además de legalidad en el trámite. Al senador Jorge Enrique Robledo, quien la Presidencia del Senado nombró parte del grupo de conciliadores, nunca se le convocó o se le participó de reunión alguna para definir, de acuerdo con la Ley 5ª de 1992, cuál texto (o el aprobado en Cámara o en Senado) sería el que pasaría a convertirse en ley o si sí mantenía su desacuerdo con la ley.

Reforma al Código de Minas La reforma a la Ley 685 de 2001 (Código de Minas) goza de dos ilegalidades: no fue consultada con las comunidades indígenas como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Colombia, y en la conciliación (proceso que se aplica cuando los textos aprobados en Cámara y Senado son distintos) no se convocó a los senadores Mauricio Jaramillo y Jorge Enrique Robledo, ponentes de la reforma al tramitarse en el Senado. Los senadores advirtieron al gobierno y a sus mayorías de las ilegalidades, lo que se omitió.

Esta modificación a la ley, de iniciativa del ministro Hernán Martínez –38 años empleado de la trasnacional Exxon– profundiza la lógica pro gran minería. Al exigir demostración de capacidad técnica y económica, aumentar los períodos de exploración, reducir el canon superficiario a las grandes mineras, y al no atender con una política especial a la mediana y pequeña minería colombiana y mantener como única forma jurídica del desarrollo minero al contrato de concesión, la reforma entrega aún más el sector minero a los intereses de las trasnacionales sobre la base de agredir a los nacionales.

Prohibición dosis personal Propio de los estados policivos es restringir al máximo el derecho ciudadano al libre desarrollo de la personalidad. Con el argumento de perseguir negocios ilegales –de buenas intenciones está plagado el camino al infierno, reza el adagio popular– el presidente Uribe busca implantar unos tribunales terapéuticos que sancionarán a quienes en ejercicio de su libertad deciden hacer uso de sustancias alucinógenas. El fracaso de la guerra contra las drogas y años de experiencia dan la razón a quienes creen que en el prohibicionismo no está la salida para tratar situaciones que en algunos casos tienen que ver con asuntos de salud y en otros, hacen parte de la intima esfera personal. La prohibición de la dosis mínima sumada a otras medidas del actual régimen confirma la idea de que la intención de la ‘Casa de Nari’ es la de imponer un estado de corte absolutista.

Ley de Páramos Fue aprobada en primer debate en la Comisión Quinta del Senado el proyecto de ley de páramos. Proteger en forma adecuado los páramos colombianos –una obligación estatal– no debe convertirse en excusa para aplicar un ambientalismo extremo que expulse a quienes tradicionalmente los han habitado. La ley propone que allí vivirán pequeños campesinos que demuestren estancia superior a diez años y que solo podrán practicarse actividades agropecuarias de pancoger. Del pancoger no vive ningún productor agrícola en el siglo XXI e incluso en algunos reglones de la producción agropecuaria este es imposible. Llevar a esos límites la actividad productiva es arruinar a todos los habitantes de estas zonas.

Durante la discusión del proyecto el senador Jorge Enrique Robledo, después de señalar que en el caso de los páramos no se está escribiendo sobre una página en blanco, le propuso a sus impulsores iniciar una amplia convocatoria donde el Ministerio de Ambiente se encargue de realizar un diagnóstico de los páramos y donde surjan soluciones acordes con la realidades económicas, sociales, culturales y ambientales de esas zonas. La propuesta fue desatendida. Robledo señaló a las comunidades indígenas que la ley, así considere su autonomía, las afectará negativamente. Arruinar la producción agropecuaria echará abajo todas las relaciones económicas de indígenas entre sí como de estos con campesinos y empresarios, situación que los llevará o al desplazamiento o al aislamiento o a ambas. La ley pone en riesgo la vida de los millones de habitantes de las zonas paramunas. Cómo está redactado el proyecto, lo conveniente es que se hunda.

La cascada de elogios dada por el presidente Uribe a sus alfiles en el Congreso ratifica con creces la posición de quienes creen que la legislatura que acaba de terminar fue malísima. El gobierno podrá mantener cómo táctica el engaño frente a cosas que se dice son positivas, pero en realidad, como la mayoría de asuntos de iniciativa del uribismo en el Congreso, son contrarias al interés nacional. La que terminó fue una pésima legislatura.