Uribe 2010. ¿Se agrieta el teflón?

Tal parece que la declaración de emergencia social decretada el 23 de diciembre del año pasado fuera una confesión de boca por parte del presidente Uribe, refiriéndose al desastre social que su régimen ha provocado en todos los niveles de la sociedad colombiana en los últimos 8 años. Se esperaría entonces arrepentimiento por los yerros cometidos y un acto de contrición para redimirse. Sería lo coherente. Nada más alejado de la realidad, desafortunadamente.

En realidad, lejos de ser el reconocimiento de las penurias reales del pueblo colombiano, azotado por tasas de desigualdad tan grandes como la de los países más pobres del mundo (0,58 es la calificación en el índice de Gini, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad), lo que plantea la emergencia social es una alarma para que los colombianos de a pie les salven a los grupos financieros el negocio en que se convirtió la salud. Gran parte de este presente aciago se lo debemos a la ley 100, impulsada también por Uribe, que con el pretexto de brindar una cobertura universal en salud, tener mayor eficiencia en el servicio y brindar mejor atención a los pacientes, trasladó el papel del Estado como responsable de la salud de los colombianos a las llamadas EPS, erigiendo un modelo privatizador que ha generado sobrecostos enormes en el sistema de salud precisamente por el papel que cumplen como intermediarias.

Básicamente lo que se infiere del decreto 4975, con el cual se reglamenta la emergencia, es que los colombianos se están descarando con las EPS. Según el gobierno, los pacientes, en un acto de desfachatez agudo y de desmesura extrema, están contrayendo enfermedades más complejas y que requieren tratamientos largos, por ende están demandando medicamentos y procedimientos más caros, poniendo así, por culpa de su insalubridad, en peligro al “sistema” y generando un grave problema de “iliquidez” a los intermediarios y dejando sin ganancias más jugosas a los comerciantes de la enfermedad. Definitivamente, hay que tener cara dura para proteger a los grandes negociantes del país en desmedro de los derechos fundamentales de la gran mayoría de la población.

Así lo enuncia el decreto en cuestión:

“El crecimiento abrupto y acelerado de la demanda de servicios y medicamentos no incluidos en los Planes Obligatorios de Salud comprometen de manera significativa los recursos destinados al aseguramiento generando un grave deterioro de la liquidez de numerosas Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud”… “la prestación de estos medicamentos y servicios se ha venido generalizando, de manera sobreviniente e inusitada lo cual pone en riesgo el equilibrio del Sistema.”

Esta declaración de emergencia claramente busca beneficiar a unos pocos, a los de siempre. Es por eso que se entiende que después de haberse pronunciado más de medio país en contra de las medidas, incluyendo a los médicos, científicos y estudiantes en las diferentes ciudades del país, las únicas que han guardado silencio han sido las EPS. No hay que patear la ponchera, dicen por ahí.

Después de todo, no es de sorprender que en nuestro presente haya quienes sigan nombrando las cosas al revés, en un esfuerzo enorme por ocultar la verdad. Esa ha sido una de las mejores y más frecuentes armas utilizadas por este gobierno, que ha tenido una gran habilidad para nombrar eufemísticamente los horrores más grandes que él mismo ha cometido o tolerado. Desde la llamada ley de justicia y paz hasta agro ingreso seguro, desde familias en acción hasta los falsos positivos o desde la confianza inversionista hasta la seguridad democrática.

También desde la Casa de Nariño se intenta reencauchar políticas de recompensas, lo que ha sido una constante por muchos años. La última de ellas es la llamada “estudiantes informantes” (otro engendro para la lista de eufemismos), que les da una “bonificación” de 100 mil pesos mensuales a quienes denuncien conductas delictuales dentro del ámbito estudiantil. Políticas de este tipo no escasean en la vida política de Uribe Vélez, que en vez de fomentar la cultura ciudadana de reciprocidad y apoyo, impulsan la moral mafiosa de denunciar a cambio de alguna retribución económica, restándole importancia a la ética y el valor civil que debe tener una sociedad.

Este es el gobierno que le pagó una recompensa a alias “Rojas” como premio por haber matado y haberle cortado la mano a alias “Iván Ríos”, quien fuera su jefe y miembro del secretariado de las Farc. Este es el gobierno que después de la entrega de alias “Karina”, líder guerrillera de las Farc, a la que catalogaba como una sanguinaria y cruel terrorista, la nombró gestora de paz con el objetivo de coaccionar a las filas guerrilleras. Este es el gobierno que, mediante la directiva ministerial 029 de 2005, les puso precio a los muertos en combate, provocando a la fecha la perpetración de más de mil crímenes de Estado y en espera de que finalicen más investigaciones. El mismo Estado que ha salido raudo a defender a sus militares y policías por estos casos, pidiéndole incluso a la Defensoría del Pueblo que se apodere de los procesos, dejando por otro lado a las víctimas en total desolación y abandono llorando sus muertos y clamando justicia.

Con esta abrumadora cantidad de hechos que suceden en nuestro país y que muestran cómo desde casi todas las esferas del poder se cometen o se promueven acciones que atentan contra la integridad de los colombianos, resulta de un cinismo aberrante que el presidente Uribe se ufane en foros universitarios de la autoridad moral de un gobierno que nunca la ha tenido. La autoridad moral se gana con hechos de justicia, trasparencia y equidad, objetivos que están lejos siquiera de los trazados por él y que van en contravía del proyecto de país que plantea la cúpula uribista.

Y es que es usual que en Colombia las cosas operen al revés o por lo menos esa parece ser la vía que nos han impuesto los que manejan los hilos del país. Los corruptos, los ladrones, los mediocres, los criminales, los aduladores, son premiados con cargos diplomáticos y favorecidos con negocios, siendo además arropados bajo la protección del uribismo, mientras que quienes se atreven a decir la verdad y ponen el dedo en la llaga son fieramente perseguidos, enjuiciados o censurados por las agencias del Estado. Hollman Morris, Alfredo Molano y la revista Cambio pueden testimoniarlo.

Morris, reconocido periodista y productor colombiano, se atreve incluso a señalar al jefe de Estado como “el máximo y directo responsable de los actos criminales ejecutados por el Grupo de Inteligencia Estratégica 3 en contra del periodismo y la libre expresión en el país “, aseveración hecha después de presentar pruebas ante la Fiscalía y la Corte Suprema y los cuales “señalan la responsabilidad del jefe del Estado, por acción y omisión, en la persecución contra más de 300 personas entre miembros de ONGs, periodistas, magistrados y líderes de la oposición” según lo explicó. Alfredo Molano, sociólogo y periodista llevado a los tribunales por una poderosa familia de Cesar, sindicado de injuria y calumnia, proceso del cual afortunadamente salió absuelto, pero que muestra que la libertad de opinión es privilegio de pocos en el uribiato. Y para cerrar el coctel de hostigamiento, en una decisión que fue todo, menos económica, la casa editorial El Tiempo decide convertir a Cambio, una revista líder en investigación y denuncia, en un magazín de variedades, en una clara decisión política que castiga la autonomía de una de las pocas publicaciones críticas que subsisten.

El gobierno del presidente Uribe pasa por uno de sus momentos más complicados. La reelección que tanto anhela solo ha recibido el guiño de su procurador de bolsillo y de los áulicos de siempre, que sin embargo esperan también su oportunidad de succionar las mieles del poder. Existe un rechazo internacional a muchas de las acciones llevadas a cabo en su política de “seguridad democrática”. El TLC por el cual ha entregado tanto (nuestra soberanía, nuestro porvenir, nuestro desarrollo) se encuentra vagando en el limbo y las bases militares lo único que han provocado en Latinoamérica es el repudio general.

Al parecer, el “teflón” que lo protegió durante casi 8 años empieza a desmoronarse. La coraza que construyó a punta de prebendas, demagogia, populismo y corrupción parece estar destruyéndose a pasos agigantados.

¿Será que lo respaldará ahora el tan mentado estado de opinión? ¿Repelerá a las masas? ¿El Mesías, ahora en apuros, defenderá de la misma manera el estado de opinión por encima del estado de derecho?

Es hora de transformar sustancialmente la realidad de un país que tiene todas las condiciones para progresar en beneficio de su población y no solo de unos pocos.

Tenemos que transformar el país de Macondo, este país que nos deleita con el realismo mágico pero que nos desangra con el fatalismo cotidiano.