La infinita e insaciable voracidad del capital monopólico trasnacional que tiene hincados los dientes en la explotación de la riqueza nacional de hidrocarburos (petróleo y gas), está montando un supernegocio para intensificar la extracción del gas natural. No satisfechos con las ganancias extraordinarias que obtienen en la explotación y transporte del gas, que fundamentalmente se utiliza para suplir la demanda interna, ahora están exigiendo –bajo la amenaza de racionamiento– que se liberen para la exportación las reservas existentes en yacimientos de gas libre y de gases no convencionales, para aprovechar los altos precios en el mercado mundial.
Con el objeto de desarrollar esta política de exportación de gas, que iría complementada con la importación para consumo interno cuando se presente escasez, están proponiendo la construcción de, al menos, una terminal de regasificación y almacenamiento en la costa atlántica. Como la inversión es cuantiosa, quieren, como en todo negocio de monopolio, minimizar el riesgo, por lo que están presionando al gobierno para que cambie el marco regulatorio con la creación de un agente estilo XM del sector eléctrico –según palabras del ministro de minas–, orientado a establecer un cargo por confiabilidad, una especie de sobretasa que pagarían usuarios y beneficiarios de la terminal, tanto del sector eléctrico como del gas. Así, se pretende forzar a usuarios del sector termoeléctrico –tal vez los únicos beneficiarios reales–, industrial, petroquímico, refinerías, de distribución y usuarios residenciales y del transporte –a quienes en últimas se trasladarán la mayor parte de los costos–, a aceptar este sobrecargo en las tarifas.
Las implicaciones de un negocio de esta naturaleza son múltiples y de distinto tipo: en primer lugar, se entraría a saco sobre las reservas de gas de la nación, que no son muy grandes; además de que se permitiría a las multinacionales la exploración y explotación del gas libre y de gases no convencionales para la perspectiva de exportación. Adicionalmente, se crea a futuro el negocio de la importación de gas para consumo interno, cuando las reservas nacionales disminuyan o se agoten. Obviamente, ambos negocios se realizarían a precios internacionales –uno de los objetivos ocultos de toda la trapisonda– que llevan implícitos los efectos de la especulación, propia de este mercado. La consecuencia final será el aumento de las tarifas para los consumidores finales –que hoy les parecen muy bajas–, donde los más afectados, reiterémoslo, serán los usuarios residenciales y del sector vehicular a gas.
Los alzafuelles de las trasnacionales de la energía, como Guillermo Perry y Armando Montenegro, están aupando este negocio del que esperan su ‘tajadita’ adicional. De este combo histórico de servidores de la inversión extranjera, hace parte el actual ministro de minas y energía, Mauricio Cárdenas. “Dime con quién andas y te diré quién eres”. ¿No está claro el negocio del gobierno santista?
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