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Vuelve y juega: Nuevamente la derecha coopta a la izquierda.

Felipe Escobar, Bogotá, junio de 2014

Que votan por la paz, muy a pesar del candidato,

dicen algunos de la izquierda política.

Y el candidato sonríe, pues era eso lo que se proponía,

viejo tahúr…

Lorenzo Madrigal

Si algo quedó claro como el agua después de la campaña electoral que terminó el pasado 15 de junio, en la que el presidente Santos obtuvo una victoria pírrica, es que la mamertería está en el ADN de gran parte de la izquierda colombiana, una izquierda que ya desde la década de 1930, con honrosas pero muy escasas excepciones, se ha caracterizado por su inveterada propensión a dejarse cooptar por el liberalismo.

Desde los viejos tiempos de Alfonso López Pumarejo, uno de los cooptadores más astutos que ha tenido la clase dirigente criolla, al partido liberal hay que reconocerle una destreza que muchos tienden a pasar por alto: la de que siempre, pero sobre todo cuando arrecian las luchas populares por mejores condiciones de vida y de trabajo, ha conseguido domesticar, para no decirlo con un verbo aún más explícito, a numerosos sectores de la izquierda. Lo ha hecho con un éxito notable, que en algunas ocasiones resulta incluso sorprendente, y en buena medida es este éxito el que explica por qué ha logrado mantenerse en el poder durante tantos años.

En la época de la llamada Revolución en Marcha (1934-1938), que según algunos estudiosos fue uno de los grandes fiascos de la historia nacional, al partido liberal le bastó levantar un par de banderas demagógicas para obtener el apoyo irrestricto, y a veces francamente abyecto, del partido comunista. La reforma constitucional de 1936, que establecía la función social de la propiedad, y la Ley 200 de ese mismo año, que prometió abolir el latifundio improductivo y repartir la tierra entre los campesinos que la trabajaban, se convirtieron en el as bajo la manga que esgrimió la élite del liberalismo para contrarrestar el auge de las protestas populares, y en particular de los conflictos agrarios, que sacudían al país desde finales de la década anterior. Como ocurre hoy, cuando Álvaro Uribe acusa a Juan Manuel Santos de ser un emisario del castro-chavismo, en aquel entonces eran los conservadores, y en particular los partidarios de Laureano Gómez, los que acusaban a López Pumarejo de ser un títere del Kremlin, y al igual que en las pasadas elecciones, cuando buena parte de la izquierda se sumó a la campaña de Santos con el argumento de que era todavía peor el candidato de Uribe, los jerarcas comunistas de la época de la Revolución en Marcha, con el argumento de que Gómez era todavía peor que López, terminaron volviéndose un apéndice del gobierno. Y en vez de radicalizar la lucha por la tierra y de impulsar la combatividad, la independencia y la organización del movimiento obrero, siguiendo el ejemplo de la Unir y de Gaitán, se dedicaron a lavarle la cara a un régimen que a la hora de la verdad, como lo reconoce todo el mundo, ni hizo la reforma agraria que tanto había prometido ni llevó de las palabras a los hechos el principio, tan cacareado en la propaganda política, de la función social de la propiedad.

Sin embargo, lo que resulta todavía más sorprendente es que cuarenta años después, en 1974, la comedia se repitió en forma de opereta. Habiéndole heredado a su padre, entre muchas otras cosas, la habilidad para posar de reformista, de modernizador y de contestatario, Alfonso López Michelsen ganó la presidencia de la república con la consigna de “cerrar la brecha” entre los ricos y los pobres, entre el campo y la ciudad, entre los elegidos y los marginados, y como su rival en la contienda por los votos era Álvaro Gómez, el hijo de Laureano Gómez, no faltaron las voces de la izquierda que abogaron por subirse al bus del candidato liberal. Argumentaban que había que impedir a toda costa que la extrema derecha llegara a la Casa de Nariño, una perspectiva ciertamente nefasta, y cuando López nombró a un rector con aureola de marxista en la Universidad Nacional, le devolvió la personería jurídica a la CSTC y restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, los dirigentes del partido mamerto empezaron a difundir la tesis de que había que respaldar los “aspectos positivos” de la nueva administración, una administración cuyo primer ministro de Gobierno, Cornelio Reyes, conservador de rancia estirpe laureanista, había sido acusado por los propios liberales de participar en la violencia chulavita que desangró al Valle del Cauca en vísperas del 9 de Abril. La política económica de López Michelsen, diseñada y ejecutada en estrecha alianza con su antiguo rival en las urnas, desembocaría en el paro nacional del 14 de septiembre de 1977, reprimido por la fuerza pública con un saldo de varios muertos, y los “aspectos positivos” de su Mandato Claro, como sucedió con los supuestos logros de la Revolución en Marcha, se desvanecieron en el aire.

Con las naturales diferencias de tiempo y de lugar, algo parecido aconteció durante los gobiernos de Virgilio Barco y César Gaviria (1986-1994). Al primero le correspondió firmar la paz con el M-19, que a cambio de una serie de prebendas entregó las armas en 1990, y al segundo le cupo el privilegio de convocar, mediante piruetas legales de dudosa ortografía, la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la Constitución de 1991, en la que los líderes del M-19 desempeñaron un papel protagónico.

Sin desconocer el aporte de otras personalidades, gracias a ellos quedó consagrada en el texto de la nueva carta la acción de tutela, por ejemplo, que ha abierto una ventana para que los pobres hagan respetar sus derechos. No obstante, conviene insistir en que la Constitución de 1991, si se mira en su conjunto, fue el marco jurídico fundamental que permitió implantar en el país, de acuerdo con el recetario del Consenso de Washington, las reformas neoliberales del gobierno de César Gaviria, que marcaron la pauta de todos los gobiernos posteriores. Gracias a la Constitución de 1991 fue posible privatizar las empresas de servicios públicos, para citar un caso, que de ser un patrimonio de los colombianos pasaron a engrosar el portafolio de no pocas multinacionales; gracias a ella se estableció la tan mentada “independencia” del Banco de la República, que tanto ha perjudicado a los sectores productivos de la economía; gracias a ella prosperaron como nunca antes los intermediarios financieros, que además de enriquecerse con las pensiones de los trabajadores convirtieron la salud en una mercancía, y gracias a ella se ha podido implementar impunemente, durante el último cuarto de siglo, una política económica que gira alrededor de la inversión de capitales extranjeros en la minería, como en la época de la Colonia, y que ha sumido a la industria y a la agricultura en una crisis estructural cuyas repercusiones están a la vista. El modelo de desarrollo que impuso la Constitución de 1991 contó con el apoyo casi unánime de la tecnocracia de los dos partidos tradicionales, que aún se disputan su paternidad responsable, y como nadie sabe para quién trabaja, al consejo de ministros de César Gaviria ingresó con bombos y platillos, en representación del M-19, Antonio Navarro Wolf. Después de predicar durante veinte años que el poder nacía del fusil, el futuro alcalde de Pasto terminó ocupando la cartera de Salud, la misma que en 1993, con ponencia favorable del entonces senador Álvaro Uribe, defendió ante el Congreso la tristemente célebre Ley 100, de la que muchos afirman que ha causado más muertos y heridos que todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes juntos.

Como puede verse, los tejemanejes que buscan cooptar a la izquierda, por encima y por debajo de la mesa, no son un invento de Juan Manuel Santos. Hunden sus raíces en una larga, vetusta y vergonzosa tradición que le ha servido por generaciones a la clase dirigente colombiana, y en particular a sus prohombres de origen liberal, para perpetuarse en el manejo del Estado. Cada vez que las inequidades sociales suscitan protestas multitudinarias, como ha venido ocurriendo en el país desde los paros agrarios del año pasado; cada vez que crece la audiencia de los inconformes, para decirlo con palabras de Jorge Zalamea, y que los de abajo deciden desafiar a los de arriba, los “sectores progresistas” del liberalismo encienden las alarmas: “¡Cuidado con la extrema derecha!”, repiten en todos los tonos; “¡la paz está en peligro!”, vociferan a los cuatro vientos; “¡no más guerra!”, imploran por la radio y la televisión. Desde luego, en el despliegue publicitario de los últimos comicios olvidaron señalar que el presidente Santos triunfó en las elecciones del 2010 gracias a los votos de su antecesor en el cargo, a quien alguna vez tuvo el desliz de comparar con el mismísimo Simón Bolívar; olvidaron también que en la defensa de los huevitos de Uribe, entre los cuales se destaca la “confianza inversionista”, ha sido de una fidelidad a toda prueba; tampoco se acordaron de que en los partidos que conforman la Unidad Nacional —el partido de la U, el partido liberal y Cambio Radical— se concentra el mayor número de parlamentarios, alcaldes y gobernadores a quienes la justicia les pudo comprobar sus vínculos con grupos narcoparamilitares, incursos en crímenes atroces y en infinidad de actos de corrupción, y en lo que se refiere a los tratados de libre comercio, que no han hecho sino ahondar la crisis de los pequeños y medianos empresarios, omitieron contarle a la ciudadanía que las coincidencias entre el uno y el otro son indiscutibles.

En sus rasgos esenciales, por lo tanto, la política económica de Santos no se diferencia en lo más mínimo de la que hubiera puesto en marcha Oscar Iván Zuluaga. Pensar lo contrario sería caer en una ingenuidad pasmosa. Lo que indica la evidencia empírica no es que el primero representa a los “señores del capital” y el segundo a los “señores de la tierra”, como creen algunos analistas, sino que ambos encarnan una concepción del desarrollo económico, supeditada a los intereses del gran capital financiero, que impide que el país supere sus ya bicentenarios problemas sociales. Y en cuanto a que el talante de Santos es más pluralista, incluyente y democrático —o menos autoritario, intolerante y mafioso— que el de Álvaro Uribe, no sobra recordar que los alfiles políticos de Santos, en su abrumadora mayoría, aplaudieron la Ley de Justicia y Paz, a cuya sombra se efectuó el mayor reciclaje de grupos paramilitares que registra la historia de Colombia; miraron para el otro lado cuando los emisarios del narcotráfico se reunían en la Casa de Nariño con los asesores del entonces presidente; cohonestaron los atropellos contra la soberanía nacional del Ecuador, suscitando un terremoto diplomático que desprestigió a Colombia en todas las cancillerías americanas; no abrieron la boca cuando se supo que los organismos de seguridad “chuzaban” periodistas, políticos opositores y miembros de la Corte Suprema de Justicia, y ante los asesinatos extrajudiciales, también llamados “falsos positivos”, sólo reaccionaron después de que los medios destaparan el escándalo.

De todo lo anterior se deduce una conclusión muy sencilla, aunque no por ello menos importante: si la izquierda quiere mantener su identidad, preservar su autonomía y convertirse en una alternativa seria, creíble y coherente, tendrá que aprender a no dejarse utilizar, como ha sucedido con tanta frecuencia, por los cantos de sirena que cada cierto tiempo, dependiendo de las circunstancias, entonan las musas del liberalismo. La bandera de la paz, que tanto influyó en el resultado de las últimas elecciones, hace parte del ideario de la izquierda democrática desde hace muchos años, pero abogar por una solución civilizada del conflicto armado no implica, ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista ético, respaldar en las urnas a un personaje de la trayectoria de Juan Manuel Santos.

Todo lo contrario. Si aspiramos a que en Colombia haya una paz auténtica, una paz que tenga de verdad en cuenta a las víctimas, y sobre todo a las víctimas del orden social y económico imperante, lo primero que debemos entender es que con Santos en la presidencia no será posible. Contribuir a reelegirlo, por consiguiente, constituye un contrasentido, y pretender que el “voto por la paz”, así se deposite con guantes de látex, se puede separar del resto de su programa de gobierno, según alegan los prelados de la izquierda santista, no pasa de ser un chiste flojo: tiran la piedra, esconden la mano y mientras tanto, como señala Lorenzo Madrigal, “el candidato sonríe, pues era eso lo que se proponía, viejo tahúr…”.

POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO
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